Los pueblos indígenas venimos construyendo procesos político organizativo, económico ambiental y sociocultural, fundamentado desde la cosmovisión de cada pueblo, con la cual validamos los saberes, valores y conocimientos en medio de la diversidad de pensamientos, culturas e interpretaciones de su propia realidad.

Desde el origen los principios que han fundamentado los procesos organizativos son: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Dentro de este contexto, la madre tierra toma especial importancia en la medida que se constituye en el valor base para la permanencia, conservación y proyección de la vida de los pueblos indígenas en los territorios ancestrales.

Con este pensamiento hemos venido consolidando nuestra visión de organización y administración territorial, fortaleciendo los cabildos como autoridades de nuestros territorios, consolidando las asambleas comunitarias como la máxima autoridad desde donde se dictan los lineamientos, directivas y orientaciones por las que se deben regir tanto nuestras autoridades como nuestras organizaciones propias, y es a través de estos mecanismos que se proyecta, orienta, analiza y evalúa nuestro proceso político organizativo, construyendo los Planes de vida, creando y consolidando instituciones Propias, capaces de operativizar nuestras políticas a través de programas y proyectos de desarrollo propio.

En 1982 se crea el programa de salud CRIC, y asume como bandera la reivindicación del derecho a la salud de los pueblos indígenas, logrando en unidad con otros pueblos a nivel nacional, la expedición de leyes especiales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, como lo son: Resolución 10013 de 1981, Decreto 1811 de 1990, Resolución 5078 de 1992, Ley 21  de 1991 (aprobatoria del Convenio 169 de la OIT), Ley 691 de 2001 y Acuerdo 326 de 2006.

Con la expedición de la ley 100 de 1993, el Estado, una vez más desconoce los derechos de los pueblos indígenas, pues no fuimos consultados para la definición de las políticas de salud, por el contrario se impuso un nuevo sistema de salud con enfoque individualista, administrativista y mercantilista, ya que una vez promulgada la ley, las instituciones de salud niegan los servicios de salud a las comuneros indígenas, desconociendo los derechos y leyes especiales indígenas (Decreto 1811 de 1990 y Convenio 169 de la OIT “por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989).

Teniendo en cuenta que desde la promulgación de la Constitución Política y la Ley 100 de 1993, la dinámica del SGSSS, afectó y afecta los derechos que como pueblos indígenas tenemos, tras una profunda reflexión comunitaria los cabildos indígenas del Cauca toman la decisión de conformar la Asociación Indígena del Cauca AIC-EPS-I, primero con el propósito de defender nuestros derechos reconocidos internacional y nacionalmente, segundo, la autonomía territorial indígena, tercero para tratar de dar un manejo eficiente y transparente de los recursos del régimen subsidiado y cuarto para continuar haciendo propuestas de reformas legislativas a partir del desarrollo de programas y proyectos especiales de salud indígena que propendan por la prevalencia de nuestra integridad cultural, social y económica; nuestra capacidad de autodeterminación administrativa y judicial; el mejoramiento real y práctico de la salud de los pueblos indígenas, como la medicina tradicional, autonomía alimentaria, organización comunitaria, entre otros aspectos.

La Asociación Indígena del Cauca AIC EPS-I, es entonces una empresa de las comunidades indígenas del Cauca, representada en los 96 Cabildos indígenas socios, reconocida legalmente el 15 de diciembre de 1997 mediante resolución 083 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior.

Desde la creación, la AIC EPSI, ha respondido al principio colectivo de las acciones que se desarrollan, como consecuencia de la dinámica de las comunidades, de esta forma las decisiones son de índole colectiva porque entre todos se piensa  y se actúa por el bienestar de todos, partiendo del respeto a las particularidades, la interculturalidad, la equidad, la reciprocidad y la redistribución, para finalmente alcanzar el bien común y el ejercicio de la salud como un derecho fundamental.

Son ya doce (12) años de existencia y de fortalecimiento político organizativo y en la actualidad hacemos presencia activa en siete (07) departamentos (Cauca, Valle, Huila, Putumayo, Antioquia, Caldas y Guajira) y setenta y cinco (75) municipios a nivel nacional, con una población total de 443.303 afiliados contratados a 31 de Diciembre de 2016.